¿Cuánto se cotiza por prácticas no remuneradas?

¿Cuánto se cotiza por prácticas no remuneradas? Esta es una pregunta frecuente entre estudiantes y recién graduados que buscan su primer empleo. Si bien las prácticas no remuneradas no ofrecen un salario directo, aportan un conjunto de habilidades y conocimientos valiosos que pueden aumentar tu empleabilidad a largo plazo. Veremos los beneficios intangibles de las prácticas y cómo estas experiencias pueden traducirse en un mayor éxito profesional.

En España, la cotización por prácticas no remuneradas ha sido objeto de cambios recientes para garantizar una mayor protección social a los estudiantes que realizan estas actividades formativas. Desde 2023, se establece la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social por parte de las empresas que reciben estudiantes en prácticas no remuneradas. Este cambio legal afecta principalmente a aquellas prácticas consideradas curriculares, es decir, aquellas incluidas en el plan de estudios oficial de una formación reglada.

Las prácticas no remuneradas no implican una relación laboral, lo que significa que el estudiante no recibe un salario por su trabajo. Sin embargo, esto no exime a la empresa de cotizar por el tiempo que el estudiante permanece bajo su supervisión. La cotización obligatoria incluye contingencias comunes (como la asistencia sanitaria) y contingencias profesionales (en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales). Están excluidas las aportaciones por desempleo, formación profesional y FOGASA, ya que no existe una relación laboral directa.

El coste de estas cotizaciones depende de las bases mínimas establecidas en los Presupuestos Generales del Estado. Por ejemplo, para 2023, la base mínima de cotización para prácticas no remuneradas ronda los 50 euros mensuales, aunque este importe puede variar según el número de días trabajados y los ajustes anuales del gobierno. Cabe destacar que es la empresa la que asume el coste completo de la cotización, ya que el estudiante no tiene la obligación de contribuir económicamente.

El objetivo de esta medida es garantizar que los estudiantes cuenten con una cobertura básica mientras realizan sus prácticas. Esto incluye acceso a la sanidad pública y protección en caso de accidente durante la jornada de prácticas. No obstante, este cambio también ha generado cierta controversia entre empresas y centros educativos, ya que supone un coste adicional para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas.

El coste exacto de las prácticas no remuneradas varía dependiendo de varios factores, como la duración de las prácticas, el número de horas trabajadas y la base mínima de cotización aplicada. A diferencia de las prácticas remuneradas, no existe un salario que sirva como base para calcular las cuotas, por lo que se utiliza una base estándar fijada por ley.

Por ejemplo, si un estudiante realiza prácticas no remuneradas durante un mes completo, la empresa podría abonar una cuota de aproximadamente 60 euros por mes. Este importe cubre las contingencias comunes y profesionales, que son obligatorias según la normativa actual. Si las prácticas duran menos de un mes, la cotización se calcula proporcionalmente al número de días trabajados.

En términos de gestión, las empresas deben asegurarse de dar de alta al estudiante en la Seguridad Social antes de que comience su periodo de prácticas. Esto se realiza a través del sistema RED de la Seguridad Social, indicando el tipo de convenio de prácticas no laborales. Es importante destacar que, aunque estas cotizaciones no generan derechos para el estudiante en términos de prestaciones por desempleo o jubilación, sí les aseguran acceso a la sanidad y protección frente a accidentes.

Las prácticas extracurriculares, por otro lado, no siempre están sujetas a la misma regulación. Aunque algunas universidades o centros educativos pueden exigir que se den de alta a los estudiantes en la Seguridad Social, en otros casos esta obligación no se aplica. Esto crea disparidades en la forma en que se gestionan las prácticas no remuneradas, dependiendo del tipo de convenio y del centro educativo.

El contrato en prácticas es una modalidad de relación laboral destinada a personas que han finalizado recientemente sus estudios y buscan adquirir experiencia profesional relacionada con su titulación. A diferencia de las prácticas no remuneradas, este tipo de contrato implica una relación laboral directa entre la empresa y el trabajador, lo que conlleva una retribución económica y la obligación de cotizar plenamente a la Seguridad Social.

En términos de cotización, el contrato en prácticas incluye todos los conceptos habituales de un contrato laboral. Esto significa que las cuotas a la Seguridad Social abarcan contingencias comunes, contingencias profesionales, desempleo, formación profesional y FOGASA. Además, el salario del trabajador en prácticas no puede ser inferior al 60% o 75% del salario establecido para el puesto en el convenio colectivo, dependiendo del primer o segundo año del contrato.

La base de cotización en un contrato en prácticas se calcula sobre el salario bruto del trabajador. Por ejemplo, si un empleado en prácticas recibe un salario de 1.000 euros brutos al mes, la base de cotización será equivalente a ese importe. En este caso, la empresa pagará aproximadamente un 30% del salario en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social, mientras que el trabajador contribuye con alrededor del 6% de su salario bruto.

Existen bonificaciones importantes para fomentar este tipo de contratación. Por ejemplo, las empresas pueden beneficiarse de reducciones del 50% o incluso del 100% en las cuotas empresariales durante la duración del contrato, especialmente si el trabajador tiene menos de 30 años o si pertenece a colectivos vulnerables. Estas bonificaciones convierten el contrato en prácticas en una opción atractiva tanto para empresas como para jóvenes profesionales.

Una de las principales diferencias entre las prácticas no remuneradas y el contrato en prácticas es la relación laboral. Mientras que las prácticas no remuneradas están diseñadas exclusivamente para complementar la formación académica del estudiante, el contrato en prácticas busca integrar al trabajador en el mercado laboral, ofreciéndole una remuneración y derechos laborales completos.

En cuanto a cotización, las prácticas no remuneradas tienen un coste significativamente menor para las empresas, ya que solo cubren contingencias básicas. Sin embargo, las empresas asumen la totalidad de estas cotizaciones. Por otro lado, el contrato en prácticas implica cotizaciones más altas debido a la inclusión de todos los conceptos laborales, pero también permite a las empresas beneficiarse de bonificaciones y descuentos que reducen el impacto económico.

Además, los derechos del estudiante o trabajador difieren considerablemente. En las prácticas no remuneradas, no existe derecho a vacaciones retribuidas ni a prestaciones por desempleo. En cambio, el contrato en prácticas otorga al trabajador todos los derechos laborales habituales, incluyendo días libres, indemnización por despido y acceso a prestaciones sociales.

La cotización por prácticas, ya sean remuneradas o no remuneradas, tiene como objetivo principal garantizar una protección social mínima para los estudiantes y jóvenes trabajadores. Aunque las prácticas no remuneradas representan un coste menor para las empresas, el reciente cambio normativo que obliga a cotizar a la Seguridad Social ha incrementado la responsabilidad empresarial. Por otro lado, el contrato en prácticas, aunque más costoso, ofrece una relación laboral más estable y beneficiosa tanto para el trabajador como para la empresa, gracias a las bonificaciones disponibles.

Tanto las empresas como los estudiantes deben estar bien informados sobre las obligaciones legales y los beneficios de cada modalidad de prácticas para asegurarse de que cumplen con la normativa vigente y aprovechan las ventajas disponibles.